¿Monarquía parlamentaria o Estado de partidos?
Article de Gaspar Ariño Ortiz, publicat a Expansión el 12 d’abril de 2010
La Constitución española de 1978, en su artículo 1.3 dice: “La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”. Ésta podría ser una afirmación más bien retórica, formal, que no refleja la verdadera realidad de las cosas.
La monarquía, en España, es algo simbólica, sin mucho contenido. Nadie sabe cuál es realmente la función de la Corona como institución; su actual titular está revestido personalmente de una legitimidad derivada de su excepcional protagonismo en la instauración de la democracia, lo que le da una autoridad indiscutida. Pero sus sucesores no tendrán ese título y sus funciones en el Estado están difuminadas, son evanescentes, en una relación de dependencia total del Presidente del Gobierno, que se ha convertido en la realidad en una especie de Jefe de Estado o “Monarca B”. Este tema, la institucionalización y el papel constitucional de la Corona, nos llevaría muy lejos y lo dejaremos para otra ocasión, pero es patente la confusión actual respecto al mismo.
Pero si la monarquía es más bien simbólica, el Parlamento es un gran guiñol en el que las figuras no tienen otra vida que la que les da quien mueve los hilos, esto es, el partido y su “secretariado”, encarnado por el portavoz del grupo. Los diputados y senadores en España no tienen voz propia, son diputados silentes, completamente sometidos, subordinados, al grupo parlamentario, que es el único sujeto que existe. Solo así se explica algo verdaderamente inconcebible en un sistema parlamentario: que quien es hoy Presidente del Gobierno pasase nada menos que catorce o quince años en el Congreso (desde 1986) sin decir una palabra de relevancia (sólo alguna propuesta a favor de la minería de León).
La clave de su ascenso no estuvo en su labor parlamentaria, que fue nula, sino en su éxito en el XXXV Congreso del partido, que es donde “se hace carrera”. No es de extrañar, tampoco, que una vez investido de su cargo se dirigiese a los diputados diciéndoles: debéis ser “los ojos, los oídos y el corazón de la gente” (no la voz). Los diputados en España son sólo la voz del partido.
Así pues, la Constitución habla de “monarquía parlamentaria”, pero ni una ni otra son reales. La realidad es que la forma política es el “Estado de partidos”. Son ellos los que vertebran y monopolizan la política, los que ocupan el Gobierno y las instituciones, los que ostentan todo el poder, monopolizan la representación del interés público y, como encarnación del mismo, ocupan todas las instituciones, estatales e, incluso, sociales. Ocupan los órganos constitucionales: no sólo el Congreso y el Senado, lógico corolario del proceso electoral, sino también el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, y ostentan una influencia notable sobre los tribunales de Justicia, poniendo en tela de juicio la división de poderes. La Administración Pública es ocupada hasta los últimos niveles con cientos de “asesores” que desplazan a los funcionarios; los ministerios se han convertido en macrogabinetes del ministro; y la función pública profesional se muestra abatida, huye de la Administración y es sustituida por “contratados”.
Entidades reguladoras
De manera especial, hay que destacar, por la importancia de su función en la vida económica, la ocupación que los partidos hacen de las Entidades Reguladoras, supuestamente independientes: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Seguridad Nuclear… Todas ellas son objeto de reparto, cuando toca su renovación, en proporción a las mayorías y minorías de los partidos en las Cámaras. De esta forma, se puede predeterminar, casi con seguridad, el alineamiento de sus miembros en las tomas de decisiones que estas entidades tienen encomendadas.
A nivel territorial, la misma dinámica se repite en las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos y demás Corporaciones Locales, invadidas igualmente por los partidos, sin apenas control jurídico alguno. Los Gobiernos regionales han creado sus propios cuerpos de funcionarios y órganos consultivos, y en los Ayuntamientos y Diputaciones han borrado del mapa, prácticamente, las funciones de garantía y control que desarrollaban antes con eficacia los Secretarios e Interventores de Administración Local, lo que en gran parte es la causa de esa ola de arbitrismo y corrupción masiva que caracteriza el urbanismo y la contratación pública de las Administraciones territoriales en los últimos años. Junto a la Administración orgánica, el sector público empresarial e institucional es también objeto de ocupación por los partidos.
En éste se incluyen los puertos y aeropuertos, las confederaciones hidrográficas, los establecimientos sanitarios (gerencia y dirección de hospitales), educativos (Consejos e Institutos de Investigación, Universidades en las que se ha impuesto el nepotismo ideológico-político y la endogamia) y toda clase de empresas públicas (que han ido multiplicándose en Comunidades y Ayuntamientos, a medida que desaparecían en el Estado). Incluso entidades de base privada, como las Cajas de Ahorro o las Cámaras de Comercio. Todas son ocupadas por los partidos, que nombran también sus representantes en las agencias de noticias y televisiones públicas, en las entidades rectoras del deporte, en fundaciones y ONGs, en la Cruz Roja, en museos y bibliotecas, en los Reales Patronatos. En fin, todo cuanto se mueve en la vida social queda bajo la dirección o mediatización de los partidos políticos. La invasión de las instituciones –públicas y privadas– es masiva. España es, real y plenamente, un Estado de partidos, no una monarquía parlamentaria.