“La intención del Gobierno es buena pero no es cuestión de cumplir un compromiso electoral y dar capertzo, sino que deben asentarse las bases de un cambio de cultura”
‘Transparencia’ és l’article de Joan Contijoch pubicat a Expansión el 19 d’abril de 2012.
El pasado 23 de marzo el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Con ello se daba forma a la propuesta número 70 del programa del Partido Popular de las pasadas elecciones generales. Posteriormente, del 26 de marzo al 10 de abril, se realizó una consulta pública electrónica a través de una página web específica mediante la cual los ciudadanos podían acceder al texto del anteproyecto de la ley y realizar la contribución que considerasen.
Durante los 15 días de consulta la página recibió 80.000 visitas y se realizaron 3.600 contribuciones. Teniendo en cuenta que la página web únicamente versaba sobre el cuerpo legislativo, el número de visitas y de contribuciones se podria considerar como un buen termómetro sobre el alto grado de preocupación que la ciudadanía tiene al respecto. El Corruption Perception Index 2011 -índice que clasifica a los países de acuerdo con los niveles de corrupción percibidos en el sector público- sitúa en la cabeza de la calsificación (países con menos corrupción) a Nueva Zelanda y Dinamarca. España se sitúa en la posición número 31, por detrás de países como Uruguay, Estonia y Chipre y justo por delante de Botswana. El anteproyecto de ley fija tres pilares: 1) la publicidad activa, es decir la obligación periódica que tendrán las Administraciones Públicas de publicar todo lo realtivo a su estructura, su personal, contratos, subvenciones, convenios, etc. 2) el derecho de acceso a la información pública, mediante el cual cualquier persona, sin alegar motivo alguno, podrá solicitar y que se le facilite la información pública que esté en manos de cualquiera de los sujetos obligados por ley, y 3) el buen gobierno, donde los principios éticos y de actuación se convierten en normas legales.
La intención del Gobierno es buena pero no es cuestión de cumplir un compromiso electoral y dar capertzo, sino que deben asentarse las bases de un cambio de cultura de gestión de los intereses y de los recursos públicos por parte de todos. Hay muchos aspectos a mejorar: por ejemplo, la relación de sujetos obligados debería ser más extensa (sindicatos, fundaciones, etcétera) y el derecho de acceso debería asimismo concretarse tambíen a favor de las personas jurídicas (asociaciones, grupos cívicos, etcétera), ya que éstos serán los que efectivamente utilicen de forma eficiente el derecho de acceso y mejorarán en consecuencia la actividad pública. Las medidas de buen gobierno deberían formentar las medidads de regeneración política, como por ejemplo, despolitizando y simplificando la administración o garantizando que la elección nominal y directa sea factible. Un proceso más amplio de debate garantizaría la mejora del funcionamiento de nuestra democracia.
Joan Contijoch és advocat, soci i membre del Consell Directiu de “SENTIT COMÚ”.