Ahora hace un año que tomó posesión el nuevo gobierno de la Generalitat que surgía de un mandato popular claro: pasar página de lo que había representado el tripartito e iniciar el camino para la recuperación económica. Aquel voto de confianza a CiU, y en menor medida también al PP catalán, se revalidó después en las elecciones municipales del mes de mayo y en los comicios generales del 20-N, cerrando un ciclo electoral de censura a los gobiernos de mayoría socialista, y con mayor o menor intensidad, durante todo el ciclo se han reforzado las fuerzas que representaban el cambio en la situación económica, CiU y el PP, según el ámbito de elección.

Para el conjunto de la población, la gestión global del primer año del nuevo gobierno de la Generalitat suspende, ningún conseller llega al aprobado, y no se perciben mejoras en las políticas sectoriales planteadas, sin embargo… Artur Mas se convierte en más líder que nunca, a pesar de todo la gente sigue percibiendo a CiU como la formación más capacitada para salir de la crisis y defender mejor los intereses de los catalanes, en un contexto en el que no se percibe que ningún partido de la oposición ni ningún otro líder político lo haya hecho bien durante este último año en su tarea parlamentaria y, de seguir con el tripartito, se considera que las cosas todavía estarían peor. El Gobierno ha perdido empatía entre electores que no lo votaron, y por eso obtiene valoraciones por debajo del aprobado, pero no así entre una gran parte de sus votantes, que le otorgan una buena valoración, así como a sus consellers.

La estabilidad de CiU se interpreta como un voto de confianza entre los que votaron Artur Mas para que siga adoptando las medidas necesarias para sacar a Catalunya de la crisis económica, mientras al principal partido de la oposición todavía no se le detectan síntomas de recuperación (sólo hace dos semanas de su congreso de renovación). El PSC no capitaliza el malestar ciudadano porque hasta ahora se le ve más como parte de la causa que de la solución, situación de debilidad que ha aprovechado ICV para visualizarse como la auténtica oposición a las políticas del Govern, y canalizar en parte, el malestar de los ciudadanos situados más a la izquierda del PSC. Paralelamente, acaba el año con una buena acogida al nuevo rumbo que ha emprendido ERC a base de alejarse de la noción del tripartito y concentrar votantes independentistas, lógicamente, en detrimento directo de Solidaritat; consolidación de los buenos resultados del PP, y mantenimiento a la baja de la presencia de C’s.

No se aprueban muchas de las medidas que toma el Govern a corto plazo, y más allá de los esfuerzos por volver a generar empleo (auténtico problema ciudadano), el Govern no transmite a la opinión pública otras políticas positivas; pero justamente porque el tema es la economía, la ciudadanía “todavía da tiempo” para ver los resultados, y se intuye que los esfuerzos de ahora servirán para volver a crear y salvar el Estado de bienestar, con menos prestaciones, pero evitando el colapso y la quiebra.

Jordi Sauret és doctor en Sociologia, director-gerent de Feedback EIS i soci del “Grup cívic SENTIT COMÚ PER CATALUNYA”.

El pleito de las lenguas en Catalunya se produce en el contexto de la segunda Gran Depresión de la historia. Si en los recientes años de vacas gordas, la escalada retórica del conflicto identitario parecía inocua, ahora, en plena crisis, podría convertirse, junto con la inmigración, en una de las mechas más inflamables.

El catalanismo no podía sino responder con gran firmeza y unanimidad a los intentos jurídicos de cuestionar el sistema de inmersión. Era inevitable una respuesta política unívoca e inflexible a un ataque exterior no convencional. Los jueces pretenden cambiar un sistema que, contando con amplísimo consenso político, nunca hasta ahora había sido motivo de discordia civil en Catalunya. El fundamentalismo judicialista, tan característico del viejo estado al que pertenecemos, aducirá, en respuesta a mi afirmación anterior, todos los tópicos posibles. De la fría defensa de la legalidad (dura lex, sed lex), a la exigencia de la igualdad cívica que los jueces supuestamente garantizan (Del rey abajo, ninguno), sin olvidar el severo recordatorio de la fuerza (el peso de la ley). Conocemos todos estos barrocos tópicos, pero, sin pretender cuestionar el sistema jurídico, no puede olvidarse que muchas veces ha sido instrumentalizado políticamente. De manera incluso obscena, los más altos tribunales –Constitucional y Supremo– se han mostrado en los últimos años muy sumisos a la presión política. Habiendo traicionando los propios jueces a Montesquieu, no es exagerado afirmar, por lo tanto, que el sistema judicial ha perdido, no peso y fuerza, pero sí capacidad de dar lecciones de estado. No pretendo, con este argumento, relativizar todas las decisiones judiciales. Intento situar el pleito español contra la inmersión del catalán en su exacta correlación de fuerzas. Una judicatura políticamente escorada intenta cambiar por arriba un sistema que cuenta por abajo, en Catalunya, no sólo con un gran consenso político, sino con un tradicional acuerdo social. Es justo y necesario que el catalanismo trace una línea roja para intentar oponerse a este intento de revertir con sentencias lo que las urnas y la sociedad avalan.

Ciertamente, minorías críticas contra la inmersión las ha habido siempre en el interior de Catalunya. Minorías poderosas e influyentes. Intelectuales, burgueses, funcionarios. El partido Ciudatans entró con fuerza en el ágora catalana discutiendo precisamente el consenso catalanista. Por supuesto, también el PP de Catalunya ha combatido la inmersión. Con mayor o menor intensidad debido a los constantes cambios de liderazgo y línea, ha oscilado entre el pragmatismo catalán (Fernández Díaz) y el tremendismo españolista (Vidal-Quadras). Pero el hecho es que los sectores anticatalanistas no han conseguido cambiar el consenso catalán de fondo.

Pero podrían estar en condiciones de conseguirlo, en virtud del salto que el PP está dando en Catalunya. Al margen de haberse convertido en caballo ganador electoral, la penetración del PP en Catalunya tiene dos causas. El declive del PSC, que no consigue transmitir sus valores a los jóvenes de la conurbación barcelonesa. Y la impotencia del catalanismo para penetrar en las zonas de Catalunya en las que se habla en castellano. Durante 30 años, los catalanes que se expresan en castellano han aceptado la hegemonía del catalanismo. No han participado del mismo, pero no lo han combatido. Dos almas han coexistido en Catalunya. En paralelo. Sin enfrentarse, pero sin abrazarse. Una de ellas ha dirigido el país; la otra lo ha aceptado con indiferencia.

Mientras el catalanismo recalentaba sus emociones encerrado en TV3, el acatalanismo calentaba las suyas a la luz de Tele 5 y Antena 3. La agonía del PSC, que actuaba de airbag, deja ambas almas catalanas en áspero contacto. El choque parece inevitable. No sólo porque cierto españolismo lleva décadas buscando la manera de que el choque se produzca, sino porque el catalanismo persiste en no darse por enterado de la doble alma catalana. El PP se debate de nuevo entre el pragmatismo de la conllevancia (Rajoy, Fernández Díaz) y el asalto a la fortaleza catalana (Aznar-Faes, Sánchez Camacho). En cambio, el catalanismo no muestra intención alguna de afrontar el enorme reto de la división interna.

El catalanismo sigue fantaseando que el choque es entre España y Catalunya. Soñar es gratis, pero hacer política soñando es suicida. ¿No ha llegado el momento de replantear las bases románticas, herderianas, del catalanismo para incorporar a los sectores castellanohablantes al consenso transversal? Para ello, el catalanismo debería dar a entender que la defensa a ultranza de la lengua catalana no puede implicar de ninguna manera el menoscabo de la castellana. El catalanismo no puede dirigirse a los castellanohablantes de Catalunya como si fueran miembros del Supremo o del Constitucional. Lo ha estado haciendo en estos últimos meses. Olvida el catalanismo que el castellano es lengua propia de muchísimos catalanes. Y que es un valor cultural de primer orden. Olvida que es la lengua que más se expande en la sociedad global (con el inglés, el árabe y el chino) y que, por lo tanto, seguirá ofreciendo a las industrias culturales catalanas grandes oportunidades.

El PP se ha impuesto el reto de articular a un sector de la sociedad catalana que ha estado 30 años conjugando la política en voz pasiva. ¿Atrapado en su visión romántica, el catalanismo le dejará el paso libre?

La discussió existent sobre la modificació de l’article 135 de la Constitució, que sobtadament ha desaparegut de manera molt ràpida del mapa mediàtic, ha deixat de banda diversos aspectes que entenem que no hauríem d’oblidar.

En primer lloc, cal recordar que en l’actualitat gaudim d’una llei d’estabilitat pressupostària, aprovada l’any 2001 i l’última modificació de la qual va ser promulgada l’any 2007, que estableix clarament que, amb conformitat amb l’article 149 de la Carta Magna, el marc de l’estabilitat pressupostària de l’Estat i de les Administracions Públiques es va configurar amb caràcter bàsic.
La realitat d’un Estat descentralitzat va fer que s’hi establissin mecanismes d’estabilitat de les administracions públiques territorials i dels seus sectors públics, es potenciessin els principis constitucionals de solidaritat, cooperació, coordinació i lleialtat recíproca i s’establissin unes regles i uns límits de despesa. Així mateix, cal recordar que l’any 1992 el tractat de Maastricht va establir el famós límit del dèficit públic del 3% per a les economies de la zona euro.

Dit això, queda clar que disposem d’un panorama legislatiu prou imperatiu per fer els deures, però resulta que les lleis espanyoles estan per incomplir-se (sense conseqüències) i que els límits establerts per Europa també s’infringeixen conjuntament per la majoria d’estats i de forma continuada.

Ara, resulta que dos dels països incomplidors (França i Alemanya) han decidit de manera unilateral, obviant la resta d’Estats europeus, que incloure l’equilibri pressupostari dins del “marc constitucional” de cada país és la solució als nostres problemes.

Des de la nostra perspectiva de juristes, ens agradaria plantejar la següent analogia entre la situació actual del país i l’estat d’un potencial morós per comprendre de forma senzilla el significat d’aquesta reforma, la qual es podria resumir de la següent manera: 1. Quan el potencial morós no paga se li reclama el deute, primer de bones maneres i després exigint garanties. 2. Quan el deutor està en una posició molt feble, al final, el creditor (els mercats) imposen una sèrie de garanties -pignorar, hipotecar, etc.-, i tot i així el creditor no sap quan arribarà a cobrar. Doncs bé, a l’agost, abans de començament de curs, ens va fer la sensació que els dos partits majoritaris van tancar un “acord” sobre les garanties amb els creditors.

La garantia atorgada en aquest cas no la dóna la hipoteca o la peça sinó que ve de la Constitució, requeriment establert i exigit de forma unilateral pel creditor. Per això, la nostra pregunta és saber si a la resta de deutors europeus se’ls “obligarà” a donar el mateix tipus de garanties.

El canvi de cartes és simple, renúncia de sobirania a canvi d’una bufada d’aire i de marge temporal d’incompliment, ja que els límits de dèficit estructural entraran en vigor a partir del 2020. La Constitució espanyola va ser promulgada l’any 1978. En aquell moment Espanya no era a la Unió Europea, i mitjançant la Carta Magna es va establir en el seu article primer que “Espanya es constitueix com un Estat social i democràtic de Dret” i afegeix també que “la sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de l’Estat”. La reforma textualment introdueix el següent: “L’Estat i les comunitats autònomes no podran incórrer en un dèficit estructural que superi els marges establerts, si s’escau, per la Unió Europea per als seus Estats Membres”.

Doncs bé, no només apareix per primera vegada en el text constitucional una menció a la Unió Europea, sinó que la Unió Europea pot decidir sobre el dèficit estructural de la totalitat de l’Estat espanyol i tot això sense que el “poble espanyol” hi tingui res a dir, ja que suposem que, com que era agost, estava de vacances.

Francesc Marfà i Joan Contijoch són advocats i vocals del consell directiu del “Grup cívic SENTIT COMÚ PER CATALUNYA”.

Vivim temps d’enrenou, de confusió i de trencadisses. Són temps de canvis, l’abast dels quals només veurem quan hàgim travessat les parets socials i culturals que separen l’ahir de l’avui. Hi ha un fet ben nou i és que el poder s’ha alliberat de la política i la política ha perdut una part substancial del poder. Hi ha quelcom més inquietant com és la pèrdua gradual del poder local en favor del poder global, que no té una seu fixa, tampoc no és elegit en cap urna i del qual desconeixem els noms i cognoms dels que prenen decisions que ens acaben afectant a tots. Es pot dir, com ho fa el professor Manuel Castells, que el poder s’ha emancipat de la política i es troba en l’espai global, de tal manera que la política ha quedat sense poder en l’espai local. Tot això no són teories acadèmiques que han estudiat també historiadors i pensadors com Tony Judt, Zygmunt Bauman, George Steiner i Eric Hobsbawm. Els fets ho demostren.

Si comencem per Catalunya, la capacitat de l’actual govern d’Artur Mas per endeutar-se, per recollir impostos o per prendre decisions que afectin les necessitats dels catalans són mínimes; si més no, depenen del que diguin els mercats, el govern de Madrid, la Comissió Europea, el Banc Central amb seu a Frankfurt i, en tot cas, de les asseveracions inesperades i capricioses d’unes agències de qualificació de riscos que tiren galledes d’aigua freda sobre l’esquena de França, Espanya, Itàlia, els Estats Units, Catalunya i el que faci falta.

Podem tenir més o menys competències, més autogovern i fins i tot podríem tenir un estat propi. Però la capacitat de gestionar les qüestions que afecten els ciutadans depenen en bona part de decisions que es prenen lluny d’aquí. L’altre dia sentia el conseller Lluís Recoder dient que la reparació dels túnels del Bruc depenen de Fomento.

Però el que passa aquí també ocorre amb més aparatositat al govern central a Madrid. No tinc record que un partit com el PSOE hagués de fer un gir de 180 graus en la seva política social i econòmica. Va ser el 10 de maig de l’any 2010 quan Rodríguez Zapatero va haver d’anunciar al Congrés que es retallarien drets, s’abaixarien sous i s’aplicaria les tisores maleïdes de la crisi per tal de reduir el dèficit públic. Ho havia decidit, Zapatero, fer aquest canvi espectacular en la seva política social? No. Ni tan sols era una exigència de l’oposició dels populars. Era, simplement, un mandat de la Unió Europea, principalment d’Angela Merkel i Nicolas Sarkozy, del Banc Central, de l’OCDE i dels equilibris dels mercaders. Penso que aquell dia de maig de 2010 fou dolent per a Espanya. No perquè Zapatero quedava en ridícul sinó perquè havia perdut la capacitat de decidir autònomament. El problema és que el mateix experimentarà Mariano Rajoy si guanya les eleccions, amb majoria o sense.

Seguint el fil argumental ens trobem que els poders locals elegits periòdicament a les urnes, els que decideixen el que ens convé a la majoria de nosaltres, s’han esvaït i han passat de l’espai de l’estat-nació, més o menys controlable, al espai global sense que hi hagi cap possibilitat de control polític i tampoc jurídic. Estic convençut que en aquest nou paradigma rauen les causes de la crisi que afecta tots els països de l’àmbit democràtic.

El president Obama va prometre encarrilar la situació després que la bombolla punxés, quan encara era president George Bush, més concretament a la tardor de 2008, quan el banc Lehman & Brothers, amb més d’un segle d’existència, feia fallida i obria el gran forat universal que ningú no sap encara com tapar. Els governs europeus, des d’Alemanya fins a Dinamarca, tampoc no actuen amb plena sobirania, fins al punt que prenen decisions que saben perfectament que són impopulars, a més d’anar contra els seus propis interessos, perquè unes lleis inexistents però alhora reals dicten el que han de fer. És cert que la despesa havia superat totes les prediccions i que no es podia continuar amb un dèficit fiscal que arrossegava tot el sistema cap al desastre. El problema és que aquestes mesures, per molt necessàries que fossin, no s’han pres des de la política sinó des de les institucions financeres, conegudes també pels mercats. Però els mercats són neutres i actuen amb instruccions que responen als paràmetres dels banquers o mercaders, que no són responsables davant ningú. I el que és més preocupant és que els governs, des d’Obama fins a Zapatero passant per Merkel i Sarkozy, encara han hagut d’injectar diner públic per tal que els que van causar el mal no s’enfonsessin. Causa una certa perplexitat que el president dels Estats Units digués fa uns dies que el futur econòmic del món occidental passava perquè Espanya i Itàlia fessin els deures. Però si aquí som només els que paguem les conseqüències dels disbarats que es feien a Wall Street mentre els diferents governs de la Casa Blanca miraven cap a un altre costat!

Deia un vell professor d’història del dret de la Universitat de Barcelona, el doctor Font i Rius, que primer ve la vida, els fets, les conquestes i les cartes d’atorgament de domini que els senyors feien als seus súbdits. Després de la vida venia la norma, el dret, els senyals de trànsit per als capitals, els moviments humans i els protocols per a les relacions entre els pobles. Sempre ha estat així. Un dels problemes més seriosos d’avui és que no sabem qui dicta les normes que ens afecten a tots. És més, no sabem si hi ha normes ni com són. Els estats no poden ni tan sols controlar la política fiscal de molts dels seus súbdits que, en aquest bosc immens de paradisos fiscals, es mouen amb molta elegància i opacitat. El senyor Warren Buffet, la tercera fortuna més important del món, almenys ha estat sincer i lúcid en dir que els molt rics haurien de pagar més impostos. Tant és així que Obama ha decidit batejar com a llei Buffet la llei que vol gravar els multimilionaris americans.

Després de la tempesta que ha causat un diluvi estic segur que en sortiran noves fórmules i nous conceptes per aprendre d’aquesta crisi i per construir una societat global més justa, més humanista i més pacífica. Ja sé que és una visió utòpica o quimèrica. Però cal una mica d’ordre global, perquè sense ordre la llibertat corre perill.

Lluís Foix és periodista.

Juro por mi madre que me causaría una preocupación enorme que mis hijos no supieran hablar correctamente el castellano. Tampoco conozco a ningún padre, ni a ninguna madre de Catalunya, por muy de la ceba que sean, que no quiera que sus hijos dominen cuantos más idiomas mejor… Cuando hay que verbalizar lo obvio, señal de que triunfa lo absurdo. La cuestión de fondo no es qué ocurre con el castellano en Catalunya, sino qué futuro tiene el catalán. Si queremos que el catalán siga siendo una lengua viva o preferimos que desaparezca, y esa es una decisión política que corresponde a la mayoría social. El dilema político es qué mayoría social debe decidir, la que vive en Catalunya o la que no.

Porque otra obviedad es que si el catalán deja de ser la lengua de referencia en la escuela y no se da la oportunidad de aprenderlo bien a las nuevas generaciones y a los hijos de la inmigración –han llegado un millón de extranjeros en menos de una década– la lengua propia de Catalunya se convertirá en un residuo folklórico. Es cierto que el día que el catalán desaparezca, Montserrat seguirá en su sitio y también la Moreneta, aunque entonces quizá la llamen la Morenita, pero a la mayoría de los ciudadanos de Catalunya esa posibilidad les entristece tanto que intentan evitarla. En eso no son muy raros. Los franceses, los alemanes y los españoles hacen mucho más en defensa de su lengua.

En 1978 la mayoría social y política catalana convenció a la mayoría social y política española y ambas decidieron poner en la Constitución que el catalán no sólo debía ser una lengua viva, sino que para ello había que tratarla “con respeto” y dedicarle una “especial protección”. (Artículo 3.3). Ahora parece que la mayoría social y política española se ha arrepentido de aquello a tenor de cómo han actuado el Gobierno, las Cortes y la Justicia españoles. El Ejecutivo de Zapatero optó por regular por decreto la enseñanza del castellano en Catalunya y el Tribunal Constitucional ha sentenciado que en Catalunya es obligatorio conocer el castellano pero no el catalán, pese a que los catalanes votaron equiparar ambas lenguas.

En Catalunya la inmersión lingüística ha dado buenos resultados de convivencia, la prueba es que no hay más de media docena de familias que apelan al inaudito derecho a negarse a que sus hijos aprendan la lengua propia del país donde viven… Así que un asunto que afecta a la lengua propia de Catalunya y a la convivencia de los ciudadanos de Catalunya sería de sentido común que se abordara y decidiera desde los criterios que han generado el consenso catalán. Sin embargo, se imponen criterios y jueces ajenos a la realidad catalana, que han sustituido el mandato constitucional de “respeto y protección” por una irritación con el catalán y, sobre todo, con el consenso. Y se entrometen para romperlo… no sea que de repente los ciudadanos de Catalunya que hablan catalán y que hablan castellano se pongan de acuerdo… en lo de la pasta que se va y no vuelve.

Jordi Barbeta és periodista.

Realment ens trobem en un moment en què els partits estan perdent importància en l’arena política. Ja no estem davant d’aquells partits de masses que mobilitzaven una gran militància i que eren la principal via participativa de l’estat de dret. Tot i ser necessaris en democràcia, és evident que s’han acabat convertint en una màquina endogàmica de creació de càrrecs polítics, i estan tan ocupats en accedir al poder i retenir-lo, que la lògica participativa ja no forma part de les seves institucions, en el sentit més propi de la paraula. Per tant, tenim una democràcia representativa -sistema en què el càrrecs electes “representen” el ciutadà a partir de la seva pròpia manera d’entendre l’interès general- on encara s’accepta que un partit polític no compleixi allò que deia en el seu programa electoral, perquè es tracta justament de dir el que volen sentir els seus electors; però després, un cop en el poder, faran el que sigui “necessari” fer en nom del “bé comú” o “interès general”; i això no sempre coincideix amb les aspiracions dels electors, atès que no s’accepta cap “mandat imperatiu”. Per tant, avui, la relació que estableix la lògica participativa amb la democràcia representativa es dóna, en bona part, quan el propi govern representatiu introdueix alguna eina de lògica participativa a través de consultes populars i/o altres vies de participació del ciutadà, que impliquin, això sí,  que la decisió ciutadana serà tinguda en compte.

En aquest sentit, els processos participatius i també el control (accountability) seran de gran importància per fomentar la socialització política i per aconseguir un nivell més alt de cultura també política -entenem com a tal el conjunt de creences, sentiments, valors i avaluacions predominants entre la ciutadania- , respecte al sistema polític del seu país i al lloc que ocupen dins el sistema. Aquestes dues eines sempre ajudaran a assolir una cota superior de democràcia: com més control exerceixi una societat sobre els seus representants i, alhora, com més cerqui participar-hi més enllà de la receptivitat que el govern tingui envers ells, més democràtica serà.

En els darrers vint anys, a les administracions locals catalanes (846 municipis) s’han dut a terme força experiències de bones pràctiques participatives, salvant distàncies amb l’últim fiasco de Barcelona, la consulta sobre la Diagonal, fet que a tots ens ve a la ment quan parlem d’aquests temes; però fins i tot en aquest cas, la ciutadania, en un  bon exercici de democràcia, va donar exemple de sentit comú i d’intel·ligència.

No cal insistir que dins la dicotomia participativa-representativa, són els governs locals, els partits a nivell municipal, aquells que més practiquen una lògica o democràcia participativa. Aquest fet ens portaria a concloure que la major democràcia en un sistema polític on domina encara la lògica representativa, és un govern de proximitat. Així, el nivell local el veiem com l’àmbit primordial on s’estableix una consciència de comunitat i es generen actituds cooperatives.

D’aquí poc prendran possessió dels seus càrrecs, nous alcaldes i regidors sortits de les eleccions locals del 22 de maig. En la seva immensa majoria són gent amb una alta dosi de voluntarisme, amb moltes hores de dedicació, sovint després de la jornada de treball habitual en les professions respectives; en temps de desafecció política cal altruisme -que des d’aquí volem aplaudir-, perquè, efectivament, des de la participació política local es pot contribuir a crear una base social àmpliament implicada en la comunitat i el país; i en conclusió, tots sabem que una societat serà més rica, com més ric sigui el seu capital social.

Pilar Blasco és sòcia del “Grup cívic SENTIT COMÚ PER CATALUNYA”.

Els nous consistoris elegits diumenge hauran de gestionar els recursos municipals en un escenari complex per al nostre país i la nostra societat. La situació i les expectatives de creixement econòmic no permetran l’increment dels ingressos fiscals si no es volen retreure recursos als emprenedors, frenar la capacitat per fer front als seus compromisos i mantenir un cert nivell de consum per part dels particulars. La demanda de serveis socials creixerà com a conseqüència de l’increment de persones afectades per la situació laboral. Projectes d’inversions previstos i en curs hauran d’aturar-se per la manca de finançament per l’absència de liquiditat del sistema financer. Els costos de l’endeutament financer augmentaran i els fons estructurals de la Unió Europea es reduiran. No es tracta de donar un missatge pessimista de la situació, sinó de transmetre una imatge clara, concreta, realista i sense embuts d’on ens trobem, per tal de poder anar per feina des del primer moment.

Durant la darrera dècada, els recursos econòmics dels ajuntaments han crescut força, però mai són ni seran suficients amb l’actual manera de funcionar del grups polítics i dels consistoris. No ens trobem en la situació de penúria de fa anys. Ara es tracta de ser uns bons administradors, de fer el que s’ha de fer amb més eficiència, reduint els excesos, els abusos i el paternalisme que tots coneixem i que encara existeixen en moltes de les prestacions i serveis públics. En definitiva, serà una etapa per posar la casa de cadascú al dia.

Això ho sabem la majoria, per molt que no ens agradi o no vulguem acceptar-ho. Per això, és necessari que els polítics parlin clar, sense embuts, que no intentin justificar situacions i responsabilitats, trasllasdant els problemes i la solució a altres institucions, fent de la situació una lluita partidista. És necessari que canviïn d’actitud respecte de tots els seus companys de consistori, per iniciar una etapa de concòrdia i col·laboració.

En tot això, tampoc hem de deixar de plantejar-nos la necessitat de racionalització, de redimensionament i de sostenibilitat de molts serveis dels nostres ajuntaments. El mateix que passa a les petites i mitjanes empreses, que la complexitat i la competitivitat del mercat les obliga a buscar dimensió mitjançant una estructura i estratègia de funcionament i gestió variable, també és necessari que els nostres ajuntaments promoguin la col·laboració i la concentració dels serveis entre municipis per trobar la dimensió eficient i competitiva, sense que això representi renunciar a la capacitat de control dels ciutadans i dels seus consells municipals.

Això és el que necessitem, en aquest temps i etapa que vivim, dels nostres regidors i governs municipals. Només així ens en sortirem de la situació actual. Serà una llarga etapa d’ajustos que no significa pas penúria, sinó fer les coses ben fetes.

Xavier Martí és president del “Grup cívic SENTIT COMÚ PER CATALUNYA”

- Quina valoració fa dels resultats de la consulta [sobre la independència] celebrada a Barcelona?
- Respecte les previsions la participació ha estat més alta, però si tenim en compte que el procés estava obert des del 12 de desembre, l’actual increment del sentiment independentista i la participació dels líders polítics és fluixa. I, per tant, demostra que aquest procés encara genera dubtes a molta gent malgrat declarar-se independentista.

- Després de dos anys, quina valoració global se’n pot fer?
- Cal tenir en compte que la sentència [de l’Estatut] marca un abans i un després. Després de la manifestació del 10 de juliol la centralitat del país s’ha mogut cada cop amb veu més alta i sense por respecte el trencament amb Espanya. La retallada del TC va provocar entre els catalans de diferents sensibilitats alguna cosa més que una simple fractura temporal. Aquestes consultes també demostren que la desafecció ciutadana no vol dir despolitització, els ciutadans tenen voluntat d’incidir en les decisions de la vida política del país. Ara bé, si aprofundíssim més en el vot d’alguns ciutadans també sorgirien alguns dubtes sobre el ritme d’aquest procés. Una gran majoria dels catalans, inclús els que han votat a favor de la independència, voldrien que aquest procés es fes amb un gran consens social, cosa que actualment no existeix.

- I ara què?
- Aquest és el gran problema d’anar a votar. Es creen unes grans expectatives que no poden aplicar-se el dia següent. Avui les preocupacions dels ciutadans, també pels que hem votat, estan a un altre nivell. Les preocupacions immediates són la situació econòmica, l’estat del benestar, els llocs de treball, com la Generalitat es pot consolidar, la viabilitat financera i els serveis públics. Les grans expectatives també acostumen a generar grans frustracions.

Xavier Martí és president del “Grup cívic SENTIT COMÚ PER CATALUNYA”.

Creu que és convenient regularitzar els lobis?

Els lobis són una activitat política legítima, normal i necessària sempre que estigui regulada i sigui transparent. En cas que no ho estiguin, poden causar abusos de poder de tota mena. Si els grups amb poder d’influència (ja sigui personal, partidista o econòmica) no poden estar vigilats per la ciutadania, es converteix en un gran perill per a la societat i la democràcia. L’individu només pot controlar els seus dirigents mitjançant el vot, i si els lobis no es regulen, el ciutadà quedarà en segon terme. Cal, doncs, vertebrar la participació perquè sigui el vot que exerceixi el control del poder.

Xavier Martí és president del “Grup cívic SENTIT COMÚ PER CATALUNYA”.

No hay balance posible de los primeros cien días del nuevo gobierno de Catalunya –el próximo 7 de abril– sin considerar un dato significativo de la actualidad española: el disimulo con que parte de las administraciones regionales y locales están aguardando las elecciones del día 22 de mayo. Simula y disimula, aconsejaba el cardenal Mazarino a sus cortesanos.

Dicho en otras palabras. Mientras en Catalunya, el lenguaje oficial sobre la crisis ha adquirido crudeza (demasiada para algunos exponentes de la coalición gobernante que quisieran a un Artur Mas con mayores astucias comunicativas), en otras latitudes, la consigna es silbar. Silbar, silbar y silbar, pese al creciente desprestigio del Estado autonómico. Y si los pagos atrasados lo permiten, seguir silbando hasta después de las elecciones generales. Bajo algunas alfrombras españolas ya no caben más proveedores al borde de la quiebra y del ataque de nervios.

La sociedad tiende a aceptar ese disimulo. Después de quince años de crecimiento ininterrumpido y de una parranda inmobiliaria sin precedentes, muchos españoles quieren seguir creyendo en la teoría del paréntesis, alimentada con ahínco por los dos grandes partidos. El PSOE, para salir vivo del atolladero. El Partido Popular, para lanzarse al asalto de una mayoría absoluta que le proteja. El momento es de una gran insinceridad. En pleno ciclo electoral, la verdad no conviene a casi nadie. Y la verdad es que las cosas no volverán a ser como antes y que España deberá aceptarse como un país modesto. Sólo desde una inteligente modestia se podrá afrontar la recuperación.

El café para todos es más amargo en unas tazas que en otras. Si el lector alberga alguna duda al respecto, le recomiendo que lea durante unas semanas la prensa regional, en la que hay diarios de notable calidad. Todos hablan de la crisis, obviamente, pero con matices y suavidades dignas de estudio. Sí, es verdad, en algunas autonomías silban menos. En Galicia, sin elecciones a la Xunta, el ajuste parece que va en serio. En Murcia –donde sí hay elecciones– ha habido bofetadas por el recorte en la nómina de los funcionarios… Y en el País Vasco casi no pasa nada gracias al mullido colchón del fuero confederal.

En más de media España, la consigna es llegar al 22 de mayo como sea. En Catalunya –con una deuda elevada, con una creciente sensación de injusticia fiscal y con la oposición descuajeringada– el guión es otro. El relato catalán de la crisis es hoy el más áspero de la Península, junto con el de Portugal. Dos ejemplos. Los catalanes se interrogan desde hace semanas sobre la conveniencia de haber construido el aeropuerto de Alguaire en Lleida, mientras en la Comunitat Valenciana celebran con júbilo el aeropuerto sin aviones de Castellón, recién inaugurado. Los portugueses ya saben que tardarán muchos años en ver llegar el AVE a Lisboa, y en el Madrid oficial se sigue fantaseando con la expansión de “la mayor red de alta velocidad del mundo”.

Sobre esa asimetría se asientan los cien primeros días de Artur Mas. Y su paradoja es la siguiente: mientras en Catalunya ya se han disparado los mecanismos de refrigeración del entusiasmo convergente (señal de que la central atómica funciona bien), en Madrid la crudeza de CiU da un esmalte de seriedad al presidente de la Generalitat, puesto que en la capital saben muy bien cuál es el frenesí bajo las alfombras.