El recorte del gasto público es, para Jordi Sevilla, ex ministro de Administraciones Públicas del Gobierno Zapatero, una de las condiciones indispensables para llevar a cabo la reforma del estado del bienestar que, a su juicio, España necesita. “Es normal que el Abogado del Estado sea funcionario, pero no que lo sea quien le lleva el café”, dijo el economista y miembro de PriceWaterhouseCoopers-Landwell, tras su renuncia el pasado mes de septiembre.

En una conferencia pronunciada en el seminario ¿Es sostenible el estado del bienestar? del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo- Centre Ernest Lluch de Barcelona (CUIMPB), Sevilla ha citado los principales pilares sobre los que deberá sostenerse el futuro estado de bienestar español haciendo hincapié en el sistema tributario, las pensiones, la sanidad y la educación.

“Si la Constitución Española afirma que todos los españoles son iguales ante la ley, el sistema tributario es inconstitucional”, según Sevilla, puesto que no se gravan de la misma forma las rentas del trabajo que las de capital, lo que provoca que “el que vive de rentas paga menos que el que trabaja”.

“¿Va a ser el trabajo lo que debe financiar el estado del bienestar?”, se preguntó Sevilla, quien ha advertido que la situación actual de crisis pone aún más de relieve la reflexión sobre la evasión de capitales, aunque, afirmó, tampoco habrá que pasar por alto que “los precios de los servicios públicos deberán ser mayores”.

Sevilla, quien también desempeñó el cargo de vocal de la Comisión no permanente de seguimiento y evaluación de acuerdos del Pacto de Toledo, se ha mostrado partidario de servirse de fuentes complementarias para financiar las pensiones en un futuro que vendrá marcado, por un lado, por el problema del envejecimiento, aunque por el otro lado, también se creará una mayor riqueza de la que debería extraerse la partida necesaria a este fin.

Sistema sanitario y copago
En el caso de la sanidad, Sevilla se ha mostrado partidario del copago aunque ha querido distinguir entre “lo urgente y lo importante”. A su entender, el copago sería lo “urgente”, aunque no lo “importante” puesto que el problema,a  su juicio, es estructural. “El copago apenas arreglará nada. No será la solución a todos los males”. En Sanidad, dijo Sevilla, es necesaria “una revolución mucho más importante que la del copago”, que consistiría en una mejor organización que se adapte a un futuro en el que el esquema sanitario se adecue a una mayor necesidad de recursos destinados a las enfermedades crónicas, características de la población envejecida “la organización actual consiste en una división según especialidades y en el futuro será necesaria una sistematización en función de las enfermedades”. De no ser así, dijo, “en el futuro nos podemos encontrar con un 40 por ciento de los hospitales vacíos y un 60 por ciento de los enfermos haciendo cola”.

Educación
Los recursos en educación no garantizarán mejores resultados, según el ex ministro, quien sostuvo que la prioridad en este ámbito sería reorientar el sistema educativo. No descartó la necesidad de una mejor financiación aunque, puntualizó, la educación no tiene problemas de sostenibilidad en este sentido y es por ello que serían “otro tipo de reformas” lo prioritario en este terreno.

Mantener el estado del bienestar
“El estado del bienestar es uno de los mayores inventos del ser humano” y, según Sevilla, es necesario preservarlo para que la globalización no tenga efectos negativos en el bienestar de Europa. “La globalización debería acercar a los Chinos a los europeos y no viceversa”, apostilló Sevilla, aclarando que realizaba esta afirmación “únicamente en términos sociales”.

Así pues, el economista se mostró convencido de que España debe aspirar a mantener el estado del bienestar en el futuro aunque para ello consideró que será imprescindible una revisión no solo de los gastos sino también de los ingresos, para lo que habrá que incidir en los impuestos y en el precio de los servicios públicos, así como en el gasto de una Administración Pública que debe responder a la demanda de austeridad.

La solución a “el problema”
La actual situación de crisis, más grave en España por su elevado déficit y su alta tasa de desempleo, se beneficiaría de todas las medidas propuestas puesto que, según el ex titular de Administraciones Públicas, el principal problema del sistema público actual es que cuenta con políticas obsoletas “necesarias en los años 60″, que ahora han dejado de serlo por los evidentes cambios que se han producido en la sociedad desde entonces. “¿Por qué motivo no se han llevado a cabo ya estas reformas?”, preguntó una de las asistentes al seminario, a lo que Sevilla, recordando su paso por el Gobierno, respondió con claridad: “Las decisiones de los partidos políticos están condicionadas a motivos electorales y la sociedad civil está más débil que nunca. Hasta que no nos demos cuenta de que somos parte del problema seguirá igual”. A pesar de ello, Sevilla ha concluido con un mensaje positivo: “La racionalidad acabará imponiendo la idea de ‘Y nosotros, ¿Qué podemos hacer?’”.

Patrícia Ventura és periodista

Si algo bueno ha tenido la crisis es que ha traído la práctica unanimidad sobre el papel fundamental de la innovación en las economías desarrolladas, que se ha convertido en factor clave para mantener el bienestar. Así quedó claro el pasado martes 22 en la asamblea de la Fundación Cotec para la Innovación Tecnológica, en la que participaron el rey Juan Carlos, los ministros Ángel Gabilondo y Cristina Garmendia y el presidente de Cotec, José Ángel Sánchez Asiaín.

La fórmula a la que ha llegado esta organización de carácter empresarial que busca promover la innovación tecnológica e incrementar la sensibilidad social por la tecnología pasa por un decálogo de recetas no por repetidas menos acertadas. Significativamente, la primera pasa por mejorar el sistema educativo. Después vienen las otras nueve: lograr que la sociedad aprecie que los empresarios asuman los riesgos de la innovación; evitar que la fiscalidad y la regulación obstaculicen la innovación; atraer el talento y la inversión extranjera; conseguir que la universidad y la investigación pública se integren plenamente en la solución de los problemas de su entorno; hacer conscientes a las empresas de que su sostenibilidad depende de su capacidad de crear valor; implicar a la financiación privada en la innovación; preparar a las pymes para el mercado global; aprovechar el mercado de las grandes empresas y de la Administración como tractores tecnológicos; y, por último, lograr que las pymes encuentren una amplia oferta de servicios para la innovación.

Frente a estas recetas para el futuro, el diagnóstico del pasado y del presente no es muy halagüeño. Porque el informe de Cotec del año 2010 señala que la innovación en España se encuentra en un momento delicado. Tras más de una década en la que cada año crecía entre un 10% y un 20% anual, los datos de 2009 son todavía una incógnita. Pero las estadísticas que ya ha hecho públicas el INE no dan lugar para muchas alegrías: de las 200 empresas con más gasto en I+D, que suman hasta cuatro de cada diez euros del total, han disminuido su inversión en un 9% y su gasto corriente un 1,5%. Según el director general de Cotec, Juan Mulet, el informe muestra el pesimismo de los expertos sobre el futuro de la innovación española y su preocupación por el “desajuste” entre la formación educativa y las necesidades empresariales.

El Rey pidió la implicación de todos los sectores sociales, administraciones y empresas para no renunciar al impulso de años anteriores en favor de la innovación y la formación, “instrumentos clave” para “enderezar” la economía, “retomar un crecimiento sostenido” y construir un futuro mejor.

Sánchez Asiaín advirtió que España no se puede permitir “dejar de avanzar, ni mucho menos retroceder” pese a la crisis, porque es el “núcleo fundamental” para construir la competitividad de la economía. Y, avisa, se puede estar perdiendo.

Alfredo Garcia Garcia-Blanco, soci del “Grup cívic d’opinió SENTIT COMÚ PER CATALUNYA” i coordinador del àmbit de treball “Educació, formació i capital humà”

- Cal una reestrucutració de la funció pública? En cas afirmatiu, com hauria de ser?

- Per mi una autèntica i imprescindible reforma hauria de seguir aquests eixos: A) estabilitat i independència dels seus alts càrrecs incloent-hi els directors generals, per “despartititzar” el màxim possible la funció pública. B) externalitzar tot el possible del àmbits operatius, per tal d’aconseguir una molt important reducció del nombre total de funcionaris. En resum, guanyar molta qualitat i reduir dràsticament la quantitat.

- Creu que la reforma laboral aprovada pel Govern estatal crea les bases per a la modernització del mercat laboral espanyol? En cas negatiu, quines mesures faltarien?

- Encara no puc opinar a fons por dues raons, fa pocs dies de l’aprovació del decret i, a més, crec que el seu redactat no és la reforma realment pretesa, sinó la fugida del Govern de les seves responsabilitats, a fi i efecte que siguin els partits, via esmenes, els qui es mullin amb les autèntiques reformes (de la negociació col·lectiva, per exemple). El poc que he captat, em sembla insuficient, confús i precari. Conclusió: crec que es tracta d’un “decret-ham” per encetar el debat parlamentari. Tant de bo que funcioni!

Francesc Marfà, soci de “SENTIT COMÚ”

- Cal una reestrucutració de la funció pública? En cas afirmatiu, com hauria de ser?

- L’administració s’ha d’aprimar i s’ha de professionalitzar, i per poder aconseguir això hi ha d’haver una col·laboració entre el sector públic i el privat. Menys actes de tipus polític i més tecnocràcia, potenciant la carrera de funcionari, potenciant l’escola de la funció pública. L’administració ha d’estar al servei de l’interès públic, no del polític.

- Creu que la reforma laboral aprovada pel Govern espanyol crea les bases per a la modernització del mercat laboral espanyol? En cas negatiu, quines mesures faltarien?

- La modernització del mercat de treball és una qüestió que no es resoldrà fins que les organitzacions sindicals es modernitzin i s’adeqüin a la realitat social actual. Crec que és la fi d’un sistema que s’ha de reinventar.

La historia oficial habla del fracaso del diálogo social y de la intervención del Gobierno imponiendo una reforma sustancial del mercado de trabajo, en la línea reclamada por diversas instancias económicas y corrientes de opinión, que ha provocado la reacción sindical de convocatoria de huelga general.

Me van a perdonar, pero no me lo creo. Creo que estamos en presencia de una reforma pactada. Que el Gobierno ha establecido con los sindicatos los límites precisos hasta donde se podía llegar, con la finalidad de aparentar cambios sustanciales bajo los que se oculta el simple mantenimiento, con matices, de la situación actual. Por eso, la respuesta sindical consiste en una convocatoria de huelga general posdatada y encubierta en una jornada europea de movilizaciones con reivindicaciones genéricas. Es lo menos que se despacha: vistos todos los prolegómenos, una reforma sin la respuesta de una huelga general habría carecido por completo de crédito.

Solo en este contexto puede entenderse el contenido y el alcance de la reforma. Solo así se explica la timidez del proyecto hecho público por el Gobierno y que, contrariando todas las expectativas, el decreto ley aprobado no haya ido más allá de lo previsto en dicho proyecto, sino que, al contrario, haya plegado velas en algunas cuestiones.

¿Qué es lo fundamental de la reforma? El régimen jurídico de los actuales contratos indefinidos ni se toca, lo cual ya de por sí limita el alcance de cualquier reforma. Y los actuales contratos de fomento de la contratación indefinida tampoco se beneficiarán del desplazamiento de ciertos costes del despido hacia el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Solo los nuevos contratos indefinidos, ordinarios y de fomento (que no se universalizan, sino que simplemente pueden celebrarse con trabajadores con tres meses en el desempleo, en vez de seis meses), verán reducidas las indemnizaciones con cargo al Fogasa, y solo en los casos de despidos colectivos o por circunstancias objetivas.

La regulación del despido por circunstancias económicas, colectivo u objetivo, no varía sustancialmente. El empresario debe acreditar tales circunstancias y que la medida que pretende adoptar sobre la base de las mismas es razonable. Y la autoridad administrativa, o el juez, debe aceptar que se ha producido dicha acreditación y que las medidas propuestas son razonables. Nuevamente, jueces y autoridades administrativas subrogándose en el papel del empresario y decidiendo cuáles son las necesidades de la empresa, para sobrevivir o para mejorar su posición competitiva, todo ello en un marco de absoluta inconcreción. Nada más lejos de la claridad de las normas jurídicas y de la certeza que deben inspirar. Y nada que permita afirmar que el despido por causas económicas, con indemnización de 20 días, será más fácil a partir de ahora.

Si a ello se unen las limitaciones introducidas para la contratación temporal, no parece que los estímulos para el empleo vayan a ser significativos.

Por otra parte, los avances en la flexibilidad interna, bajo una farragosa literatura leguleya, son mínimos. Lejos de consagrar una regla de prevalencia de los acuerdos de empresa sobre las normativas sectoriales, no se pasa de contemplar la posibilidad de un arbitraje, que debe ser pactado siempre, bien caso por caso, bien en convenio o acuerdo interconfederal.

Un punto de luz podemos encontrar en la regulación de las agencias privadas de colocación y en la supresión de restricciones a las empresas de trabajo temporal, pero en conjunto, en mi opinión, y me gustaría equivocarme, los problemas de nuestro mercado de trabajo no van a desaparecer, ni el empleo va a dejar de ser el instrumento de ajuste principal de las empresas españolas.

Federico Durán López és catedràtic de Dret del Treball i soci de Garrigues.

En un escrit anterior preveia un empobriment econòmic de la classe mitjana que, al cap i la fi, és la que sosté i vertebra el model de societat que tenim i que hem de defensar. Doncs bé, els fets, i especialment els dels darrers dies, crec que em donen la raó.

Els cants de sirenes dels darrers quinze o vint anys del govern de torn i de la banca ens han fet estirar més el braç que la màniga. Els governs espanyols i autonòmics presumien de superàvits i treien pit per fer lloc per a alguna medalla de reconeixement de sapiència en gestió econòmica. La banca espanyola era líder en beneficis i dels pocs sectors econòmics espanyols que conquerien amb èxit mercats estrangers. I tot això, amb l’endeutament de la classe mitjana espanyola i amb els capitals especulatius estrangers.

Alguns ens ho miràvem amb certa sorpresa i incredulitat, no tant pel fet de ser més llestos que els altres, sinó perquè teníem la sort de tenir un avi al costat, que no en sabia de termes anglosaxons, però sí que ens parlava amb gran sentit comú de tenir seny en l’endeutament. I vet aquí que un dia va petar tot i, de cop i volta, els governs van entrar en dèficit i tot eren presses per tapar els forats de la banca.

És cert que la classe mitjana hem de fer anàlisis de consciència de la nostra falta de sentit comú i de criteri per no resistir la temptació de quan ens posaven el caramel a la boca, però, i els governs? És que potser no ens deuen una explicació de com s’han malgastat els beneficis d’aquests anys i de forma tan ràpida? Com és possible que en quinze anys de beneficis no puguem resistir ni el primer any de vaques magres?

Ara, després de dos anys amagant el cap sota l’ala, han hagut se ser els de fora els que ens han hagut de forçar a posar pegats de qualsevol manera per maquillar els resultats però que no arreglaran el problema de fons. Les mesures que s’han pres per reduir el dèficit són efectivament les més fàcils de prendre i les més mediàtiques, però impacten de ple en la ja tocada classe mitjana, sense els mitjans suficients per fer sentir la seva veu.

Aquells que formem part de la classe mitjana estem preocupats perquè no veiem que cap partit polític tingui un pla estratègic reflexionat de com sortir de la crisi. No he sentit cap proposta ni de cap dels governs, ni de cap de les oposicions que aspiren a governar. La classe mitjana tenim el complex de ser la vaca que es pot munyir sense límit.

Miquel Ribera és membre del consell directiu de “SENTIT COMÚ” i coordinador al Bages

A mitjans del 2008 la majoria d’economistes parlaven gairebé de la resurrecció de l’economista britànic J.M. Keynes a causa de la vigència de les seves recomanacions de política econòmica. Quan es feia evident que s’apropava una recessió amb deflació i una important caiguda de la demanda, tots els governs dels països desenvolupats i de les grans economies en desenvolupament van iniciar ambiciosos programes d’estímul fiscal, amb importants augments de la despesa pública i retallades d’impostos. Intentaven evitar l’error comès als anys 30 (i també als 90 al Japó) quan es va tardar massa a comprendre la naturalesa d’una crisi de demanda i no es van aplicar les mesures correctes fins que la crisi havia esdevingut ja molt profunda.

La idea era tan generalitzada que fins i tot l’FMI i el G-20 suggerien amb insistència a tots els governs que no tinguessin por de gastar diners a curt termini per salvar els seus sistemes financers i mantenir la demanda i així evitar una crisi de gran proporcions.

SORPRENENTMENT, PERÒ, MENYS de dos anys després ens trobem que la majoria de governs, sobretot europeus, es veuen obligats a canviar del tot l’orientació de les seves polítiques fiscals. Primer va ser Grècia qui va haver de prendre serioses mesures per retallar la seva despesa pública i així reduir el seu dèficit públic, forçada per la resta de països de la zona euro, que li van posar com a condició indispensable per obrir-li una línia de crèdit que la salvés de fer fallida. Després van ser Espanya i Portugal qui van fer una important pla d’ajust fiscal davant l’amenaça dels països forts de la zona que no els podrien ajudar com als grecs. Unes poques setmanes abans Irlanda, anticipant-se als fets, ja havia pres mesures en la mateixa direcció. Dimarts passat la cancellera Merkel va anunciar també serioses mesures per reduir la despesa pública alemanya, amb l’objectiu d’assolir un pressupost públic equilibrat el 2016. I el recentment electe primer ministre britànic ja està donant missatges a la seva població que s’hauran de prendre mesures doloroses en el futur immediat, tot afirmant que les xifres vermelles públiques amb què s’han trobat són pitjors del que s’esperaven.

EN TOS AQUESTS CASOS ENS TROBEM davant polítiques impopulars i amb un evident impacte social, perquè son una combinació de congelacions o retallades de les pensions i la possibilitat de futurs allargaments de l’edat de jubilació, reduccions dels sous dels funcionaris, retallades en serveis públics com la sanitat o l’educació, eliminació de les subvencions a les famílies creades els darrers anys, reduccions de les prestacions del subsidi d’atur, etc. I tot plegat s’està portant a terme en un clima de temor. Amb el missatge omnipresent que són mesures doloroses però inajornables.

ELS FETS DELS DARRERS MESOS i la ràpida rectificació de tots aquests governs, ens haurien de fer pensar doncs que les idees de Keynes són incorrectes? I que les seves recomanacions són equivocades? No del tot. El problema és que s’han comès dos errors: en la diagnosi del veritable problema i a l’hora de triar el tipus de mesures a implementar.

ANEM A PAMS. ÉS EVIDENT QUE LA GRAVETAT de la crisi financera motivada per l’extensió dels actius tòxics generats en el mercat hipotecari nord-americà obligava alguns governs a injectar diners per evitar una fallida de tot el seu sistema financer. I és evident que la retallada del crèdit i l’empitjorament de les expectatives de consumidors i empresaris necessitaven un cert suport per fer la recessió més lleu. Però l’ortodòxia econòmica hauria aconsellat gastar aquests diners d’una manera més profitosa. Amb un ull posat en el curt termini, però sense perdre de vista un horitzó més llunyà. La despesa hauria d’haver servit per millorar la productivitat de les empreses i el potencial de creixement de l’economia per tal que en el futur fos possible generar més rendes i pagar el deute. Sense quedar-se tan sols en meres transferències de diners que servien exclusivament per sostenir el consum en el curt termini.

A MÉS VA FALLAR TAMBÉ LA PERCEPCIÓ d’una part important del problema que veritablement estaven experimentant un nombre de països. Als Estats Units i al Regne Unit, i també a Espanya, Irlanda, Portugal o Grècia no tan sols hi havia una recessió pels problemes derivats de la crisi financera, sinó que aquests països experimentaven també les conseqüències d’errors que es venien acumulant feia gairebé una dècada: unes famílies i empreses massa endeutades, uns sectors financers sobredimensionats, una manca d’inversió en indústries productives capaces de generar riquesa en el futur, en alguns casos un excés d’inversió en el sector immobiliari. I, per sobre de tot, una pèrdua de productivitat que ha minvat la competitivitat als mercats exteriors i que ha generat un gran endeutament extern, tant públic com privat.

PER TANT, LA SOLUCIÓ VERITABLE no s’aconseguirà tan sols mitjançant les retallades fiscals per reduir el dèficit públic. Calen més coses. Cada economia ha de detectar les mancances pròpies i trobar la combinació de mesures que li permetin millorar la productivitat i recuperar xifres sostingudes de creixement. A l’economia espanyola és imprescindible una reforma del mercat de treball i del sistema financer. En canvi al Regne Unit sembla més necessària una reforma del sistema educatiu que millori la formació general de la població. A Grècia cal una revisió a fons del sector públic i de la cultura empresarial. Hi insistim: cada economia ha de trobar la seva solució. Però no podem pensar que el simple ajust fiscal solucionarà tots els problemes. Perquè no ho farà.

NO, KEYNES NO S’EQUIVOCAVA: cal sostenir la demanda en moments que aquesta pot experimentar una caiguda molt important. Qui s’equivocava era qui pensava que tots els problemes es trobaven només en la demanda. Per a moltes economies també n’hi havia a l’oferta. És a dir, a la capacitat de produir béns i serveis de manera eficient per poder vendre amb competitivitat al mercat intern i als mercats internacionals. I això simplement amb polítiques keynesianes no s’aconsegueix. Com tampoc s’aconsegueix simplement desfent les polítiques keynesianes.

LES RETALLADES SÓN NECESSÀRIES per calmar els mercats i fer sostenibles les finances públiques per salvar un cert Estat de benestar. Però després de retallar caldrà més coses: produir, innovar, vendre, generar llocs de treball… No serà fàcil.

Josep Manel Comajuncosa és professor d’Economia d’Esade.

La rebaja de salarios y la huelga de funcionarios, entre otras incidencias de estos días, son un buen pretexto para decir algo que mucha gente piensa, pero que pocos mantienen públicamente, y es que la fuerte sindicalización vivida por el empleo público en España durante los últimos 25 años está en el origen mismo de la crisis que lo aqueja.

Los muchos profesionales con talento y compromiso que trabajan en nuestras administraciones tienen poco que agradecer a un fenómeno que está comprometiendo seriamente la imagen y el futuro de la función pública.

La influencia sindical ha conseguido imponer un patrón integrado de empleo presidido por un prolijo compendio de normas de origen legal y convencional, sobre cuyo funcionamiento los sindicatos ejercen, en general, un alto grado de control.

Este modelo ha favorecido la introducción en el sistema de numerosos elementos disfuncionales como los siguientes:

a) la extensión irrestricta de las garantías laborales pensadas para las funciones de autoridad (jueces, policías, inspectores de tributos, interventores de fondos) a las áreas de prestación de servicios (médicos, profesores, investigadores, promotores de empleo, trabajadores sociales);

b) la introducción de potentes elementos de rigidez en la gestión de recursos humanos, en forma de limitaciones a la asignación de tareas, la movilidad funcional, la promoción profesional o la adaptación de los puestos de trabajo a los cambios;

c) el alejamiento de las retribuciones respecto de sus mercados de referencia, lo que se traduce especialmente en la inflación salarial de los segmentos correspondientes al trabajo menos cualificado, donde se sitúan las clientelas sindicales más numerosas;

d) la progresiva reducción de la jornada laboral, hasta situarla claramente por debajo, no ya del promedio del sector privado, sino de los sectores públicos de nuestro entorno (casi 8 horas semanales inferior a la del empleo público británico o alemán, según datos de la OIT de 2008).

La culpa está repartida. El amateurismo y la superficialidad con que nuestras clases políticas gobernantes –sin distinción de ideología o nivel de administración– han encarado las relaciones laborales en sus ámbitos de responsabilidad constituyen la otra cara de la moneda. Los ciudadanos hemos carecido, salvo contadísimas excepciones, de patronales públicas capacitadas y decididas a salvaguardar nuestros intereses en la negociación colectiva con los sindicatos de funcionarios. Ya se sabe que, cuando prevalece la evitación del conflicto a cualquier precio, alguien pone ese precio y acostumbra a ser alto.

Este estado de cosas ha hecho expandirse como manchas de aceite los procesos de creación de empresas públicas y el outsourcing de servicios públicos, buscando en la autonomía o en el sector privado la flexibilidad y eficiencia perdidas.

Son iniciativas convenientes, a veces, pero que conducen, cuando se extienden irracionalmente, a debilitar la cohesión, el control presupuestario y la rendición de cuentas de las Administraciones Públicas. Curiosa paradoja, que sean los sedicentes defensores de lo público quienes acaben convirtiéndose en los principales agentes de su fragmentación y sustitución por el mercado.

Francisco Longo és Director de l’Institut de Gobernança i Direcció pública d’ESADE.

- Quina mesura sobre regeneració de l’activitat política hauria de ser aplicada primer per recobrar la confiança amb polítics i governants?

- Per la majoria de la població, recobrar la confiança en la classe política actual és enormement complicat, degut a les actituds que hem vist en aquesta, que fa que s’esperi el mateix en el futur. Per tant, per recobrar la confiança en els polítics i governants cal una renovació àmplia d’aquests. Així, la primera mesura a aplicar és la del “govern del millors”, entès com l’equip de persones capacitades, disposades a elaborar i explicar el diagnòstic de la societat i el pla d’acció conseqüent, desenvolupar-lo amb sentit de país, i assumint i acceptant sempre que poden perdre el càrrec en qualsevol moment.

- Quines reformes estructurals caldria aplicar per sortir de la crisi econòmica?

- En aquest tema crec que el “què”, és a dir les reformes, són bastant compartides en termes generals, jo preferiria centrar l’atenció en el “quan” i “com”. Aquestes reformes cal veure-les com una teranyina, on tots els fils estan interconnectats i, per tant, cal saber adaptar-les adequadament en la forma i en el temps. Les tres línies en les que crec que han d’anar les reformes són: a) millorar l’eficiència de l’Administració Pública, b) millora de la competitivitat i capacitat productiva empresarial del nostre país i c) augmentar la conscienciació sobre el cost de les coses i la importància de la responsabilitat individual.

- Quina mesura sobre regeneració de l’activitat política hauria de ser aplicada primer per recobrar la confiança amb polítics i governants?

- El sistema polític, social i econòmic que hem utilitzat en el nostre país durant els darrers 32 anys podríem dir, fent un símil amb la terminologia legal, que està en “concurs de creditors” (el conegut antigament com la suspensió de pagaments). El sistema democràtic actual en tots els seus extrems col·lapsa el funcionament del país. Entenc per tot això que més que una primera mesura el que es tindria que fer és un canvi brusc en els pilars del nostre sistema, un canvi en els principis que ens regeixen i que limiten la nostra evolució com a societat dominada pel sistema i pels partits, que en aquest cas podrien ser, a tall d’exemple, la reforma de la llei electoral i l’entrada dels millors en l’activitat política.

- Quines reformes estructurals caldria aplicar per sortir de la crisi econòmica?

- La premissa clara en aquest cas és la flexibilització. Això vol dir copagament en el sistema sanitari (fins i tot proposaria la opció de no pagar la sanitat pública si en tens de privada), flexibilització del mercat laboral que protegeix la inoperància, radical canvi del sistema educatiu, especialment l’universitari (¿per què tinc que mantenir amb diners públics estudiants que triguen el doble de l’establert en fer un grau universitari?),  i sobre tot l’enteniment que els principis de l’Estat del Benestar han canviat i coses que abans donàvem per fetes ara no les tindrem.